El pasado 20 de enero del presente se publicó en el DOF el decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, mecanismo que busca fomentar el desarrollo económico promoviendo acciones que fomenten la creación de negocios que generen empleo. Para lograrlo se busca otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

Igual de importante dentro de los objetivos de esta Ley es el combate a la corrupción, ya que busca evitar extorsiones, que son comunes en los inspectores que verifican los negocios. 

Es de dominio común la práctica de no pocos inspectores los cuales abusan de sus atribuciones y extorsionan a comerciantes, pequeños y medianos negocios a cambio de no cumplir con sus verificaciones. Esto ha generado un círculo vicioso de incumplimiento, de simulación, tanto de las autoridades como de los contribuyentes. Pues bien, esta ley pretende atacar esto también.

Para transitar hacia un clima de cordialidad entre autoridades y empresas, se creará el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, el cual se conformará con la información de contribuyentes que se inscriban de manera voluntaria, lo que se interpretará como un acto de buena fe, con lo cual manifestarán estar en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales. 

Los beneficios a que se harán acreedores aquellos que cumplan serán definidos por la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Esto se completa con la creación del Registro Público de Inspecciones e Inspectores, con la finalidad de saber quién y qué se debe inspeccionar. Ambas instancias serán de carácter público.

En el papel suena como un proyecto noble, que busca una mejora en la relación entre gobierno y los ciudadanos, pero ¿realmente será posible llevarla a cabo sin caer nuevamente en actos de corrupción?

¿Confianza a ciegas?

Parte de la crítica seria que se ha hecho al respecto versas sobre la desconfianza mutua que existe  en ambas partes, ¿cómo solucionar un problema de tantos años? Pues bien, si miramos los mecanismos de implementación en ningún momento la autoridad busca el incumplimiento de obligaciones, sino crear condiciones óptimas para que los contribuyentes que sí cumplen accedan a ellas. 

Pero seamos claros, las obligaciones de cualquier negocio en materia fiscal, civil o cualquier otra a la que se encuentren sujetos por las leyes correspondientes tienen que cumplirse. Se busca que la vigilancia de los inspectores sea transparente y sea un mecanismo de acompañamiento para el cumplimiento.

Las sanciones que contempla la ley no pasan de dejar fuera de los registros del padrón a contribuyentes que abusen de este mecanismo, lo que los dejaría expuestos a las mismas verificaciones que contemplan las leyes.

En Lofton siempre hemos promovido el correcto cumplimiento de las obligaciones civiles, fiscales y de cualquier índole, así como acompañado a las empresas a que se regularicen en todos los aspectos que la ley contempla. Por lo que si quieres aprovechar las ventajas de esta nueva Ley, te podemos acompañar a conseguirlo.

Editorial Lofton

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