En este blog hablaremos de la nueva propuesta para reformar la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, la cual pretende modificar específicamente la contratación de obras públicas, con el argumento de combatir la corrupción y elevar la transparencia. El documento se encuentra ahora en espera de aprobación por parte del Congreso local, pero ya existen pronunciamiento de diversos sectores que nos permiten entrever el alcance que pretende. Pero sobre todo, señalar la falta de regulación transversal que persiste hoy en día.
El legislador Ricardo Exsome, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados indicó que se busca asegurar la transparencia en la obra pública, así como evitar actos de corrupción, a través de la publicación de los fallos de las licitaciones y poder transparentar todo el proceso.
La propuesta pretende crear infraestructura de mejor calidad, que genere e impulse un mayor crecimiento económico, desarrollo sustentable e igualdad de oportunidades entre la población, incrementando el bienestar social de los habitantes del país, pero sobre todo contribuir con eficacia y transparencia la contratación y ejecución de obras públicas, cuya plataforma deba realizarse en su totalidad mediante el sistema CompraNet.
¿Qué es CompraNet?
A través de ese medio se promueve la transición tecnológica, dando certeza jurídica y promoviendo la competencia entre los proveedores, ya que se disminuyen gastos administrativos tanto para el gobierno federal como para los contratistas.
Para efectos constitucionales CompraNet es el sistema de compras públicas más avanzado y una de sus principales ventajas es que permite la realización de licitaciones públicas electrónicas y en igualdad de condiciones para todos los participantes, ya que como sabemos existen tres modelos de contratación de obras públicas, de los cuales, la licitación abierta es la opción más recomendada, ya que fomenta la transparencia y la competitividad, en el país la mayoría de las contrataciones se da por asignación directa o invitación restringida.
Este sistema ya se encuentra funcionando y aunque ha demostrado su eficacia, faltan todavía estandarizar esta práctica en favor de la transparencia, de manera que cada vez sea más utilizada, no sólo por instancias de gobierno, si por parte de la industria privada.
Esta enmienda por parte de legisladores de la Ciudad de México, al no requerir justificación como sí se requiere con otras iniciativas, ha dado pie críticas, sin tomar en cuenta que es por todos conocido que en sexenios anteriores se registraba hasta un 70% de adjudicaciones directas de contratos con proveedores específicos y sin una previa licitación para una igualdad de oportunidades entre los proveedores.
Si tenemos en cuenta que el Estado mexicano no realiza informes sobre contratos y su ejecución, nos encontramos con el serio problema de que no exista una Ley de infraestructura que regule el manejo de los proyectos de obras públicas. Se regulan las concesiones de cada sector y hay muchas fragmentaciones, pero falta mucho por avanzar para que se establezcan las obligaciones en transparencia con carácter transversal.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también se suma al llamado para contar con una Ley general de obras públicas que permita mejorar la transparencia, esto con la finalidad de que sea aprobada la realización de análisis costo-beneficio de algunas obras y crear un esquema de auditorías de planeación en infraestructura.
Aunado a esto, el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha señalado que para incentivar el crecimiento económico es necesario trabajar en la Ley General de Contrataciones Públicas y abarcar a todas las entidades e incluir un capítulo específico de obras públicas, y uno más sobre adquisiciones de bienes y servicios, para combatir la corrupción y elevar la transparencia.
Por lo pronto en CDMX se da un paso en la dirección correcta.
Lic. Jonathan Mejía
