En diciembre de 2018, Ricardo Monreal Ávila presentó la iniciativa de la Ley de Confianza Ciudadana. Dicho proyecto encuentra como base una de las premisas del nuevo gobierno, que busca implementar un nuevo esquema en el cobro de impuestos: pasar de la fiscalización al principio de buena fe.

En ese sentido, el cambio de advierte trascendental, pues implica modificaciones fundamentales a la forma de operar en la relación contribuyente – autoridad hacendaria.

Esta iniciativa propone principalmente lo siguiente:

      1. Generar el Padrón Único de Fomento a la Confianza, en el cual los y las ciudadanas se inscribirán voluntariamente, que será de conocimiento público.
      1. Dicha inscripción supone un acto de buena fe, que dará a entender al Gobierno que el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales y regulatorias.
      1. Asimismo, el contribuyente manifestará bajo protesta de decir verdad que se compromete a continuar cumpliendo sus obligaciones en términos de la normatividad aplicable.
      1. Creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales para la implementación por parte de la Administración Pública Federal, de los beneficios y facilidades administrativas cuyos beneficiarios serán las personas inscritas en el citado Padrón.
      1. La aplicación de esta Ley correrá a cargo de la Secretaría de Economía (y no de Hacienda quien actualmente a través del SAT realiza entre otros, los temas de fiscalización) quien decidirá los beneficios que recibirán las personas inscritas en el citado padrón.
      1. Lo anterior, se logrará mediante la celebración de convenios de coordinación entre la Secretaría y los Estados, Municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
      1. En coordinación con el sector privado, se escogerá a un 1% de dicho padrón para ser fiscalizado.
    1. Serán sancionados aquellos contribuyentes que no cumplan con la citada Ley, perdiendo los beneficios y facilidades otorgadas por un periodo de 1 año.

Es decir, a través de esta Ley se buscará premiar a las empresas y personas que obtienen ganancias lícitas, generan empleos, pagan impuestos etc., y por el contrario identificar y castigar a aquellos contribuyentes que se encuentran en las hipótesis contrarias.

Con esta nueva Ley, se busca renovar la confianza de los y las ciudadanas en las instituciones del país, obteniendo beneficios y facilidades administrativas para el mejor cumplimiento de sus obligaciones económicas. Por el momento, ésta no ha sido aprobada por el Congreso, por lo que Lofton los mantendrá informados del avance de la misma.

Lic. Fabiola Dorantes.

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