Desde hace algunos meses, nos encontrábamos ante la expectativa de si la Cámara de Diputados aprobaría el dictamen por el cual, diversas leyes del ámbito penal y fiscal equipararían ciertos delitos de naturaleza tributaria con el de delincuencia organizada.
Al respecto, el pasado 15 de octubre se confirmó la aprobación, en lo general y en lo particular, con 318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones, para incluir el delito de contrabando, defraudación fiscal, la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en la lista de delitos equiparables al crimen organizado, como son el narcotráfico, el robo de combustible y el secuestro. Además, considerar estos ilícitos como actos que atentan contra la seguridad nacional y en consecuencia proceder a la prisión preventiva.
Tal medida se implementa bajo diversos argumentos como: que es un problema de carácter nacional, que representa una afectación importante a la economía, que incrementa la desigualdad social; y también diversas justificaciones como que la medida no es tan severa ya que sólo se afectará al contribuyente incumplido o evasor, o también que se buscan reforzar los mecanismos jurídicos para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, ninguna de las razones dadas, contesta las preguntas centrales que da origen a esta problemática: ¿Por qué algunos mexicanos no pagan impuestos? ¿Por qué somos un país de baja recaudación voluntaria?
Pues bien, nuestros legisladores no tomaron en consideración que nuestro país actualmente reporta altos índices de corrupción e impunidad en el sector público, en donde no queda claro y mucho menos se ve reflejada la manera en la que se utilizan los recursos que recaudan las autoridades hacendarias; por el contrario, hay desconfianza en la actuación de nuestras autoridades y una desconfianza en el ejercicio del gasto público.
Por ello, sin afán de minimizar la gravedad que puede tener para un país la evasión de impuestos, también es cierto que las medidas que se implementen contra contribuyentes deberán estar acompañadas con aquellas que frenen la corrupción y la impunidad de los servidores públicos que se enriquecen o se benefician directa o indirectamente de los recursos de todos los ciudadanos.
Ante esto, es de suma importancia que, si eres un pequeño o gran contribuyente, veas como una necesidad primordial contar con asesoría oportuna e integral en servicios contables y legales, ya que esto te permitirá contar con los elementos suficientes para defenderte ante posibles arbitrariedades que estos cambios puedan generar, no sólo en el ámbito administrativo, sino penal. No sólo deberás estar al corriente de tus obligaciones fiscales, también será de suma importancia presentar las pruebas o documentos que certifiquen la validez y sobre todo la legalidad de las operaciones fiscales que se reporten ante la autoridad.
En Lofton nuestros especialistas en el área Jurídico Fiscal pueden brindarte toda la asesoría necesaria que dé cuenta de que la información y requerimientos de las autoridades hacendarias sean entregadas bajo los parámetros que permitan blindar tus operaciones para evitar caer en supuestos y riesgos innecesarios.
