¿Qué es la nuda propiedad?

La nuda propiedad es un concepto que se refiere al derecho de ser dueño de un bien inmueble, pero sin tener el derecho de uso y disfrute, ya que estos serán de un tercero, quien dispondrá del usufructo.

El usufructo otorga a una persona, conocida como usufructuario, el derecho a disfrutar y utilizar el inmueble sin ser propietaria del mismo, durante un tiempo parcial o durante toda su vida.

Esto significa que el nudo propietario posee el título de propiedad, pero no puede disfrutar el bien ni obtener beneficios de él hasta que se extinga el usufructo.

El usufructo y la nuda propiedad, son derechos que normalmente le corresponden a la misma persona, sin embargo, pueden coexistir y dividirse entre diferentes personas.

Ventajas de la nuda propiedad

Esta es una alternativa a la que actualmente están recurriendo muchas personas, por ejemplo, las personas mayores sin herederos o con necesidad económica, que deciden vender la nuda propiedad de su inmueble y reservarse el usufructo.

Así mismo, la nuda propiedad se considera una herramienta estratégica que permite hacer una planificación patrimonial efectiva, ya que, al separar el uso del bien de su propiedad, se facilita la trasmisión de bienes.

Por ejemplo, un hombre puede heredar una casa a su hijo dejándole únicamente la nuda propiedad, ya que el usufructo lo deja a su esposa, quien tendrá el derecho de vivir y disfrutar la casa hasta que fallezca.

Consideraciones jurídicas y fiscales de la nuda propiedad

Aspectos jurídicos

• El usufructuario tiene el derecho de utilizar y disfrutar del bien inmueble de manera prudente.

• El nudo propietario tiene el deber de costear los gastos extraordinarios, así como las tareas de conservación. Además, el nudo propietario mantiene el privilegio de disponer del bien sin menoscabar el usufructo.

• El usufructuario tiene la obligación de mantener el bien en óptimas condiciones y asumir los gastos cotidianos.

Beneficios fiscales

La nuda propiedad puede otorgar beneficios fiscales. Por ejemplo, en el caso de querer heredar un inmueble en la CDMX, el artículo 112 del Código Fiscal de la Ciudad de México, sobre la cual se determina el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), indica que la enajenación o donación de inmuebles es causante de impuesto, pero si se hereda la nuda propiedad en vida, sólo se pagaría el 50% del impuesto.

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Cómo verás, la nuda propiedad es una alternativa efectiva que, además de resolver asuntos de herencia y propiedad, también abre otras oportunidades para la gestión de bienes inmuebles.

En Lofton, nuestros expertos en el área jurídica te asesoran sobre este y cualquier otro tema relacionado para que puedas tomar decisiones respaldadas sobre tu patrimonio.

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Aquí te contamos cuándo entra en vigor y los puntos más relevantes que debes saber sobre ello.

¿Cuál es el objeto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?

El CNPCyF tiene como fin establecer las reglas y procedimientos judiciales a seguir en asuntos civiles, como contratos, responsabilidad civil y obligaciones en general, y en materia sucesora y familiar, divorcios, pensión alimenticia, patria potestad y adopción.

Así mismo, promueve medios alternativos de solución de controversias, tales como el arbitraje y la mediación, así como la implementación de juicios orales en todas las materias, tanto para juicios ordinarios como ejecutivos.

Entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Por principio de cuentas, debemos señalar que este nuevo código es de aplicación obligatoria para toda la República Mexicana, por lo que los Códigos de Procedimientos locales serán abrogados

Ahora bien, el artículo transitorio segundo del Decreto DOF 07-06-2023, publicado el 7 de junio de 2023, el CNPCyF entrará en vigor gradualmente en el siguiente orden:

• En el Orden Federal, de conformidad con la Declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámara de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1° de abril del 2027.

• En el caso de las Entidades Federativas, el CNPCyF entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la Declaratoria que al efecto emita el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder el 1° de abril de 2027.

Para ello, la Declaratoria que al efecto se expida, deberá señalar expresamente la fecha en la que entrará en vigor el CNPCyF, y será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos o Gacetas Oficiales del Estado, según corresponda. De igual forma, entre la Declaratoria y la entrada en vigor del nuevo CNPCyF, deberán mediar un máximo de 120 días naturales.

Así mismo, en todos los casos, de vencerse el plazo sin que se hubiera emitido la Declaratoria respectiva, la entrada en vigor será automática en todo el país, sin que la misma pueda exceder el 1° de abril de 2027.

¿Qué podemos destacar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?

A grandes rasgos, los puntos que destacamos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son los siguientes:

• Además de priorizar la oralidad, también integra un modelo para impulsar el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales.

• Busca que hombres y mujeres sean tratados de manera justa ante la ley, estableciendo la obligación de juzgar con perspectiva de género.

Ahora bien, en el caso concreto de la Ciudad de México, los cambios más significativos que se vislumbran, en relación con el Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad, son los siguientes:

• Las pruebas documentales, físicas o electrónicas recibirán el mismo trato, atendiendo los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica (artículo 308).

• Se añade el Juicio Oral Sumario que se inicia a través de comparecencia, se emplaza al demandado y en una audiencia se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia.

• Se añade un apartado especial de designación de apoyos extraordinarios que son: “formas de apoyo que se prestan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la manifestación de la voluntad”.

• Hay modificación en diversos procesos, que pasan de ser de proceso escrito a proceso oral, los cuales son los siguientes: Juicio Ordinario Civil Oral, Juicio Especial Hipotecario Oral, Del Juicio Especial de Arrendamiento Inmobiliario Oral, Del Procedimiento Especial de Inmatriculación Judicial Oral.

• Se añade un título respecto a las Disposiciones Comunes a los Procedimientos Familiares.

• Se añade un capitulo referente a la Justicia Restaurativa en Materia Familiar, el cual está en el artículo 584, mismo que señala en su primer párrafo lo siguiente: “Las partes de común acuerdo podrán sujetarse a un procedimiento de Justicia Restaurativa en materia familiar, el cual tendrá como finalidad que las partes reconozcan la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños como en la reestructuración de la dinámica familiar. Quedan exceptuados los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El procedimiento de Justicia Restaurativa no es obligatorio para acceder a la justicia familiar”.

• Se adiciona un capitulo referente a la regulación de Procedimiento en Línea y de las Audiencias Virtuales. 

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En Lofton, nuestros especialistas en Derecho están en constante actualización sobre las implicaciones jurídicas que rigen a nuestro país.

Contáctanos si necesitas asesoría sobre este u otro tema relacionado. Contamos con una amplia experiencia en un amplio espectro jurídico.

Mtra. Claudia Cruz, Jurídico Corporativo, Mercantil y Civil

En ese sentido, ya te hemos platicado sobre la importancia del contrato de arrendamiento y la póliza jurídica de arrendamiento para que este proceso se lleve a cabo con total seguridad. Pero en esta ocasión, nos inclinaremos hacia los permisos gubernamentales que deben tramitarse para que un negocio opere conforme a la ley, en particular, te platicaremos sobre la importancia de la licencia de uso de suelo.

¿Qué es la licencia de uso de suelo?

El uso de suelo es un documento que tiene como propósito determinar cuáles son las actividades permitidas al interior de un inmueble.

Para ser más específicos, la licencia de uso de suelo otorga los lineamientos para el uso específico del que puede ser objeto un inmueble, el cual debe estar alineado con los reglamentos y programas de desarrollo urbano y planeación territorial.

Para dictaminar dicho uso, la autoridad local toma en cuenta las condiciones físicas del terreno, así como su valor de uso; esto permite establecer un diseño urbano adecuado y seguro. En la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) establece los usos de suelo permitidos en cada demarcación territorial.

Por lo tanto, una licencia de uso de suelo te otorga la autorización para realizar las actividades que requieres dentro de un predio, dependiendo del tipo de suelo en el que ha sido clasificado por las autoridades. En la CDMX, por ejemplo, es un requisito indispensable para poder iniciar con la construcción de cualquier proyecto.

¿Por qué es importante contar con una licencia de uso de suelo?

Tanto las personas físicas como las morales, requieren un permiso para utilizar un predio con determinado uso de suelo, ya sea habitacional, de servicios, comercial o industrial.

Por lo tanto, si vas a arrendar un inmueble para iniciar un negocio, es muy importante que sepas si el lugar donde se va a ubicar cuenta con el uso de suelo permitido para el giro comercial que pretendes explotar, ya que de lo contrario podrían clausurártelo.

En ese sentido, es importante aclarar que el uso de suelo no es un permiso para realizar actividades de venta, es más bien el documento que avala el uso que se le pueda dar al inmueble en cuestión.

En el caso de la Ciudad de México, la SEDUVI pone a disposición un medio electrónico para corroborar si el inmueble que pretendes ocupar, cuenta con el uso de suelo que necesitas, puedes ingresar aquí.

Ahora bien, quien debe tramitar el uso de suelo es el arrendador, es decir, el propietario del inmueble en cuestión.

¿Cuál es la vigencia del permiso de uso de suelo?

La Licencia de Uso de Suelo es permanente, sin embargo, puede actualizarse si se requiere una remodelación, ampliación, o bien, si se requiere un cambio del uso de suelo para operar de acuerdo al giro comercial y evitar sanciones. Dicho trámite debe realizarse ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

Evita problemas y asesórate con los expertos

Si estas en búsqueda de un inmueble para abrir tu negocio, o bien, si ya cuentas con un predio particular y quieres actualizar el uso de suelo urbano para llevarlo a un giro comercial, servicios de bajo impacto o pequeña industria, y ponerlo en renta, nosotros podemos ayudarte con dicha actualización.

En Lofton te asesoramos para que tengas en regla toda la documentación y que tu negocio pueda operar con total certeza. ¡Contáctanos!

Lic. Samir Bermúdez & Mtra. Claudia Cruz, Jurídico Corporativo, Mercantil y Civil

Hoy en día, cada vez son más las personas que buscan un espacio en la Ciudad de México para habitar o instalar oficinas, convirtiéndola en un epicentro arrendatario y una oportunidad para los arrendadores.

Sin embargo, cuando se renta una propiedad es importante que tanto el arrendador como el arrendatario, cuenten con un respaldo legal que proteja sus intereses y asegure que sus derechos se cumplan.

Para conseguir esto, existe una solución llamada póliza jurídica de arrendamiento.

¿Qué es una póliza jurídica de arrendamiento?

Para comprender lo que es una póliza jurídica de arrendamiento y sus beneficios, primero hay que tener claro lo que es el arrendamiento.

Se entiende como arrendamiento al acto jurídico por el cual, las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de un inmueble, y la otra, a pagar cierto precio por ese uso o goce.

Ahora bien, una póliza jurídica de arrendamiento es un acuerdo de asistencia legal entre un despacho jurídico o empresa, y una persona denominada arrendador (propietario del inmueble) o arrendatario (quien renta el inmueble). La finalidad de este acuerdo es proteger los intereses de ambas partes negociadoras.

Con el arrendador, el despacho jurídico se obliga a prestar sus servicios para garantizar el cumplimento de los pagos de renta acordados y respaldarlo ante diversas situaciones, como cobrar los daños ocasionados por un mal uso de la propiedad, por ejemplo.

En el caso del arrendatario, la póliza asegura el uso y goce del inmueble objeto del arrendamiento, y lo protege ante ciertas circunstancias, por ejemplo, si la propiedad presenta desperfectos ocultos.

¿Cuáles son las ventajas de contratar una póliza jurídica de arrendamiento?

Ya sea con un despacho jurídico, empresa, inmobiliaria o departamento jurídico, al contratar una póliza de este tipo obtienes múltiples beneficios, principalmente:

• Evita que firmes contrato con personas que no cumplen con los requisitos para el arrendamiento, es decir, que no sean económicamente solventes, que sean morosos, que tengan diversas controversias judiciales, etc.
• Previene posibles conflictos causados por el incumplimiento de pagos, así como los relacionados a la permanencia, uso y goce del inmueble arrendado.
• Cuida los intereses y compromisos del arrendador y arrendatario en su caso.
• Confirma y previene que las garantías otorgadas para el cumplimiento de las obligaciones en el contrato sean suficientes.

¿Qué servicios se prestan en una póliza jurídica de arrendamiento?

Existen diferentes tipos de pólizas, las cuales se distinguen principalmente por los servicios que cubren, pueden ser desde los más básicos, avanzados, o pólizas plus que abarquen servicios adicionales.

Sin embargo, los servicios que comúnmente se prestan son los siguientes:

• Revisión y estudio de la personalidad del arrendatario, fiador, y obligado solidario para conocer sus datos generales y determinar su viabilidad.
• Investigación de deudas en buró de crédito que tengan el arrendatario, fiador y obligado solidario.
• Investigación judicial del arrendatario y fiador, e investigación del inmueble que se deja en garantía en el registro público de la propiedad.
• Asesoría jurídica, desde que se contrata el servicio y durante toda la vigencia del arrendamiento.
• Elaboración del contrato de arrendamiento (haciendo énfasis en las cláusulas que contemplan la protección en relación con la Ley Federal de la Ley de Dominio), así como de los documentos adicionales para garantizar el cumplimiento al pago de rentas.
• Asistencia de abogado a la firma del contrato de arrendamiento
• Convenio de terminación del contrato de arrendamiento.
• Acta entrega del inmueble arrendado.
• Gestoría y trámites para garantizar la entrega del inmueble en las fechas pactadas.
• Cobranza extrajudicial para requerir pago de rentas.
• Juicio tendiente a la recuperación del inmueble objeto del arrendamiento, así como el cobro de las rentas vencidas.

¿Cuánto cuesta una póliza jurídica de arrendamiento?

El costo de la póliza depende de los servicios jurídicos que cubra, así como del valor de la mensualidad de arrendamiento. Aunque por lo general se establece un 50% del monto mensual de la renta como máximo del cobro de una póliza de arrendamiento, este puede variar.

¿Qué documentos se requieren?

Algunos de los documentos que cualquier asesor legal requerirá posterior a la contratación de la póliza jurídica de arrendamiento, tanto del arrendatario, fiador u obligado solidario, son:

Si es persona moral:

• Escritura constitutiva de la sociedad con datos de registro público de la propiedad y comercio
• Comprobante de domicilio donde opera la empresa
• y poder notarial del representante legal con facultades para actos de administración

Si es persona física:

• Datos generales, nombre, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros.
• Comprobante de domicilio
• Constancia de Situación Fiscal y Constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales
• Identificación oficial

En Lofton contamos con la experiencia necesaria para apoyarte

Sin duda, la póliza jurídica de arrendamiento funciona como un respaldo legal antes y durante la vigencia del arrendamiento de un inmueble, ya que previene los conflictos que pudieran surgir, o en su caso, resuelve los incumplimientos de obligaciones que se pudieran generar.

Si tienes un inmueble que quieres dar en arrendamiento, nuestros especialistas te pueden asesorar para que realices este proceso con la tranquilidad y certeza de que tu patrimonio está protegido.

Contáctanos y te brindaremos la ayuda que necesitas.

Mtra. Claudia Cruz, Socia de Jurídico Corporativo, Mercantil y Civil

El Congreso capitalino aprobó reformas a diversas disposiciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para simplificar los requisitos administrativos para la apertura de negocios, así como la generación, validación y consulta de los permisos a través de una plataforma digital.

Reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles: permisos de apertura

Artículo 2°

IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por personas físicas o morales, a través del Sistema, de que se cumplen los requisitos previstos para la apertura de un establecimiento mercantil de bajo impacto, colocación de enseres en la vía pública, cambio de giro mercantil, suspensión o cese de actividades, traspaso del establecimiento mercantil, modificaciones del establecimiento o giro y los demás que establece esta ley.

Es decir, los establecimientos mercantiles podrán aperturar con solo un aviso los sin son de con giro de impacto vecinal y su revalidación.

Esto incluye a:

• Restaurantes
• Salones de fiestas
• Hoteles
• Clubes privados
• Salas de cine
• Teatros
• Auditorios

Con esta reforma solo los giros con impacto zonal tendrán la obligación de solicitar permiso de operación y la entrega de esos permisos será competencia exclusiva de cada alcaldía.

Atribuciones de las alcaldías

Se modifica el artículo 8, fracción VI de la ley, correspondiente a la atribución de las alcaldías, quienes podrán:

VI. Otorgar o negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará la negativa ficta. 

Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien personas deberán contar con programa interno de protección civil, previo a la Solicitud de Permiso al Sistema. 

Antes de la modificación los establecimientos de impacto zonal debían contar con su Programa Interno de Protección Civil con aforo superior a 50 personas, ahora el requisito es mayor a 100, incluyendo trabajadores del lugar o bien una superficie mayor a 250 metros cuadrados.

De igual modo se reducen a 5 días hábiles la obtención de los permisos correspondientes para que el negocio pueda activarse en forma inmediata.

• el tipo de avisos que un particular puede tramitar en el sistema
• la factibilidad de que un establecimiento de impacto vecinal pueda funcionar, con un simple aviso
• verificación y cumplimiento de los requisitos normativos.

Sistema electrónico de avisos

En la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) tendrá el control de los registros de los establecimientos de impacto vecinal.

A partir de la reforma la ADIP creará una plataforma digital donde los interesados realizarán el trámite para poder aperturar un negocio de este estilo y recibirán de manera inmediata su aviso de apertura y la implementación del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Solo los giros con impacto zonal deberán solicitar permiso de operación a las alcaldías, es decir, cantinas, antros bares, casinos, cabarets, discotecas, cervecerías y chelerías.

Para los avisos de protección civil pasa de 50 a 100 personas el aforo permitido para contar con el permiso.

Diversos Giros tienen modificaciones en la reforma

Recordemos los diversos giros de establecimientos mercantiles contemplados en la legislación local

Giro de Impacto Vecinal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, que por sus características provocan transformaciones, alteraciones o modificaciones en la armonía de la comunidad, en los términos del artículo 19 de la presente Ley;

De Impacto Zonal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil que por sus características inciden en las condiciones viales y por los niveles de ruido en la tranquilidad de las áreas cercanas, en los términos del artículo 26 de la presente Ley;

Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades consideradas de Impacto zonal y de impacto vecinal;

Mercantil: La actividad comercial lícita que se desarrolla en un establecimiento mercantil, permitida en las normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán desarrollar actividades que en términos de la presente Ley son compatibles al giro mercantil y que se ejercen en un establecimiento con el objeto de prestar un servicio integral

Soluciones Lofton

Si quieres abrir un negocio en CDMX nuestro servicio de Gestoría Empresarial conoce a la perfección todos los requisitos necesarios para la apertura de negocios, además de que pueden ayudarte a gozar de las ventajas de la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, para que puedas abrir tu negocio rápido, si pertenece a los giros que señalamos. Gestionamos:

• Dictamen Único de Factibilidad (DUF)
• Uso de Suelo (Seduvi o Municipio)
• Licencia de Funcionamiento (SIAPEM o Municipio)
• Licencia Ambiental y Licencia Única Ambiental (Sedema o Municipio)
• Programa Interno de Protección Civil
• Manejo de vida silvestre (UMA y PIMVS ante Semarnat)
• Licencias de Construcción o Demolición (Alcaldías y Municipios)
• Visto Bueno de Seguridad y Operación (Alcaldías)
• Inspecciones de Profepa

De igual modo nuestra área Jurídico Mercantil ayuda a tu negocio con los contratos mercantiles necesarios para hacer crecer tu negocio.

Somos tu mejor opción, contáctanos.

¿Qué esa una Franquicia?

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Ejemplos de Franquicia: Mc Donald’s, Burger King, Star Bucks, o en México tenemos Sushi Itto, Farmacias del Ahorro, Steren, por mencionar solo algunas.

¿Quiénes intervienen en el contrato de Franquicia?

Franquiciante: Es el titular de la marca, quien otorga la Franquicia.

Franquiciatario: Es quien adquiere la Franquicia.

¿Qué requisitos debe contener el contrato de Franquicia?

I.- La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;

II.- La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;

III.- Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

IV.- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

V.- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios;

VI.- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

VII.- Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

VIII.- Los términos y condiciones para “subfranquiciar”, en caso de que las partes así lo convengan;

IX.- Las causales para la terminación del contrato de franquicia, y

X.- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia.

¿Cuál es una de las principales obligaciones del Franquiciante?

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa.

¿Cuál es una de las principales obligaciones del Franquiciatario?

El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Ahora bien, en el contrato de Franquicia existe la posibilidad de demandar daños y perjuicios, tanto como Franquiciante como Franquiciatario, entendiéndose estos como:

Daño: Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Perjuicio: Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Soluciones Lofton

Por lo anterior, si suscribiste un contrato de Franquicia ya sea como Franquiciante o como Franquiciatario, nuestra firma es la indicada, ya sea para que te represente como actor, o te defienda como demandado, ya que somos expertos en Litigios de índole mercantil. 

Somos expertos en Derecho Mercantil y nos especializamos en asesorar a personas físicas y morales sobre los aspectos jurídicos necesarios para establecer con claridad sus relacione comerciales. Nuestro objetivo siempre es que tu patrimonio y tus operaciones cuenten con la certeza jurídica necesaria.

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¿Qué es la Carta Porte?

Es un documento digital que acredita la existencia de un contrato entre el transportista y el cliente o usuario que contrata el servicio de transporte de mercancías. Sirve también para acreditar la legalidad de los bienes o mercancías que se trasladan en territorio nacional.

Este documento debe de ser llenado con ciertos requisitos, los cuales señala el artículo 581 del Código de Comercio, el cual a la letra dice lo siguiente:

Artículo 581.- El portador de mercaderías o efectos deberá extender al cargador una carta de porte, de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta de porte se expresarán: 

I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador; 

II.- El nombre, apellido y domicilio del porteador; 

III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o á cuya orden vayan dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta; 

IV.- La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan; 

V.- El precio del transporte; 

VI.- La fecha en que se hace la expedición; 

VII.- El lugar de la entrega al porteador; 

VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; 

IX.- La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto.

CÓDIGO DE COMERCIO

¿Quiénes son las personas que intervienen en la Carta Porte?

• Cargador (operador logístico)
• Porteador (Es la persona física o jurídica encargada de transportar las mercancías)
• Consignatario (persona física o jurídica nombrada en la Carta Porte, que está legalmente habilitada a recibir la mercancía)

¿En qué momento se tiene que suscribir la Carta Porte?

La Carta Porte necesariamente se tienen que suscribir desde el lugar de recepción de la mercancía.

¿Qué beneficios tiene el suscribir una Carta Porte?

• Identificar a detalle las mercancías para tener la certeza de qué se transporta y las rutas que sigue.
• Conocer el origen y destino de las mercancías, para los casos de verificación aleatorios que permitan anticiparse a los riesgos o amenazas en el traslado.
• Brindar información para establecer estrategias que garanticen la seguridad de tránsito en las distintas rutas.
• Contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas por las personas que participan en el traslado de mercancías.
• Proporcionar elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar las mercancías y acreditar su legal estancia y/o tenencia durante su traslado.
• Fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando.

¿Quiénes deben emitir el CFDI con complemento Carta Porte?

Si te dedicas al traslado de bienes o mercancías, emite un CFDI de tipo Ingreso con complemento Carta Porte y ampara el cobro por el servicio que estás prestando, así como el traslado en territorio nacional.

Si eres el propietario de los bienes o mercancías o actúas como intermediario o agente de transporte y necesitas trasladar mercancías, emite un CFDI de tipo Traslado con complemento Carta Porte y ampara el traslado por territorio nacional.

Por ejemplo, si transportas tu lote de zapatos con tu propio camión de carga de Guanajuato a la CDMX, deberás emitir una factura electrónica de Traslado con complemento Carta Porte.

Si eres el propietario de los bienes o mercancías y necesitas trasladarlas con tus propios medios de un lugar a otro, dentro de la misma ciudad (no utilizas carreteras federales), deberás emitir una factura electrónica de tipo Traslado con el complemento Carta Porte.

¿Qué es un CFDI de tipo Ingreso?

Es un documento fiscal digital, que se emite por la prestación de servicios de autotransporte, tiene como objetivo manifestar la obtención del ingreso, al cual se le incorpora el complemento Carta Porte.

Asimismo, en el CFDI se debe desglosar el traslado y en caso de que el receptor sea persona moral debe efectuar la retención del IVA.

¿Qué es un CFDI de tipo Traslado?

Es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, al cual se le incorpora el complemento Carta Porte.

Actualmente es indispensable emitir de forma correcta los CFDI toda vez que si no se encuentra evidenciado el trabajo realizado puede la autoridad hacendaria cancelar los mismos o ser sujeto a revisión, por ello en Lofton, nuestros especialistas de jurídico mercantil te asesoramos de manera integral para mejorar tus contratos de trasportes, seas intermediario, trasportista o cliente.

Es importante señalar que el derecho empresarial no es una rama del derecho en sí misma, sino un área del derecho que abarca a varias ramas del derecho. Se regula a través de otras disciplinas jurídicas, principalmente el derecho corporativo, el derecho comercial, el derecho mercantil, el fiscal, el laboral y también el penal.

Disciplinas jurídicas que abarca el derecho empresarial

Por lo regular se asume que el derecho corporativo es el principal encargado de regular las relaciones de la empresa en su funcionamiento interior, y también las relaciones que establece con la sociedad, el término de derecho corporativo abarca todas las dimensiones de las empresas sin importar su tamaño.

En esencia, el derecho corporativo está conceptualizado para empresas grandes, en cambio el derecho empresarial puede ser aplicable a una Pyme o a un corporativo global. Como señalamos al inicio, varias ramas del derecho conforman el concepto de derecho empresarial y es solo en su conjunto, que podemos hablar del término.

Veamos ahora cuáles son los principales componentes del derecho empresarial y su relación con otras ramas del derecho.

Derecho corporativo

El derecho corporativo es el que más relación tiene con el derecho empresarial. Su función principal es regular el funcionamiento interno de una organización mediante el establecimiento de distintos órdenes, y también la relación que establecerá con el Estado, la sociedad y los distintos agentes comerciales.

Al igual que el derecho empresarial, el derecho corporativo no pertenece a una rama específica del derecho y no existe un documento, como una Ley o un Código que establezca su finalidad, sino que es transversal y se conforma de distintas ramas del derecho que sí cuentan con documentos legales que establecer las funciones de su ejercicio.

Al hablar de corporaciones o empresas se hacer referencia a las sociedades mercantiles, reconocidas en México en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las relaciones que se generan en estas sociedades son a su vez reguladas por otras ramas del derecho, como el laboral, el mercantil, industrial o el fiscal.

Dentro del campo de acción del derecho corporativo se encuentra:

• Empresas mercantiles
• Libros corporativos
• Emisión, otorgamiento y revocación de poderes notariales
• Creación, transformación o disolución de sociedades
• Actas de asamblea
• Estatutos sociales
• Papeles corporativos
• Contratos y Convenios

Derecho civil

El derecho civil también regula las relaciones civiles entre las personas y también de las personas morales, es decir, las empresas o cualquier sociedad que se rija por las leyes constitutivas, y sus estatutos.

El derecho civil es importante para las empresas ya que a través de él se pueden establecer contratos de compraventa, arrendamiento, de hipoteca, entre otros que puedes ser útiles para el establecimiento de distintas relaciones comerciales de la empresa.

Derecho mercantil

Atiende todos los requerimientos legales que demandan las sociedades comerciales y regula las relaciones comerciales de las empresas y los empresarios. Las normas que regulan el derecho mercantil son principalmente los Códigos Civiles y los Códigos de Comercio.

Dentro de la aplicación que tienen para las empresas es la constitución de las sociedades mercantiles, los contratos y los juicios derivados de estos.

Derecho laboral

El derecho laboral establece las obligaciones y políticas internas de cualquier organización, establecidas principalmente en la Ley Federal del Trabajo.

Para las empresas es indispensable su cumplimiento de elementos fundamentales como:

• Contratos de trabajo
• Convenios
• Reglamentos de trabajo
• Contratación y bajas de personal
• Expedientes de trabajo
• Juicios laborales

De igual manera se regulan las Condiciones Generales de Trabajo, así como las Comisiones obligatorias a todo centro de trabajo como son:

• Comisión de Seguridad e Higiene
• Comisión de Capacitación y Adiestramiento
• Comisión para PTU
• Reglamento Interior de Trabajo

Derecho administrativo

En términos muy sencillos el derecho administrativo se encarga de regular la administración pública. Al ser parte del derecho público, se privilegia la administración en beneficio de las mayorías. Establece las normas de control de la actividad administrativa del estado en sus distintas ramas, como por ejemplo:

• La administración tributaria
• La organización de la urbanidad
• Facultades de los municipios
• Vigilancia y cuidado del medio ambiente
• Responsabilidades del estado

Su relación con el derecho privado se da por lo regular en las reglas, ordenamientos y obligaciones que tienen las empresas con los permisos de urbanidad, licencias de funcionamiento, protección sanitaria, protección civil y cobro de impuestos locales.

Para que una empresa pueda funcionar debe cumplir con ciertos requisitos y permisos indispensables para su funcionamiento. En México, algunos de los más importantes son:

• Dictamen Único de Factibilidad
• Licencias de Uso de Suelo
• Licencia de Funcionamiento
• Licencia Ambiental y Licencia Única Ambiental
• Programa de Protección Civil
• Licencias de Construcción o Demolición
• Visto Bueno de Seguridad y Operación

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es el instrumento que regula la administración a nivel de la Federación, a su vez también existen para cada Entidad del país. Se complementa esta regulación con los Códigos de Comercio locales y las legislación a nivel municipal, donde se establecen los permisos para el funcionamiento de las empresas.

Derecho fiscal

Para que una empresa pueda funcionar un requisito indispensable es su alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya sea como persona física, moral o una sociedad civil. Con este registro se podrán emitir facturas y se realiza el pago de impuestos establecidos por ley.

El Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR, la Ley del IVA, así como la Ley del Seguro Social son los que establecen las modalidades del pago de impuestos que todas empresa se encuentra obligada a reportar a las autoridades fiscales.

Dentro de las obligaciones de las empresas están el correcto pago de impuestos, las declaraciones fiscales, el pago de cuotas patronales. También adquiere derechos para obtener una defensa fiscal oportuna en caso de abusos u omisiones por parte de las autoridades tributarias. 

Derecho de propiedad industrial

El derecho de propiedad industrial se encuentra establecido la Ley Federal de Protección a la Propiedad industrial, cuya finalidad es proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de:

• Patentes de invención
• Registros de modelos de utilidad
• Diseños industriales
• Esquemas de trazado de circuitos integrados
• Marcas y avisos comerciales;
• Publicación de nombres comerciales
• Declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas
• Secretos industriales

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será la autoridad administrativa en la materia, donde las empresas podrán registrar sus patentes de inversión, registro de marcas, declaraciones de origen de productos así como la explotación comercial de dichas patentes.

Derecho penal

Finalmente, el derecho penal también se relaciona con el derecho empresarial ya que el quehacer de las empresas en sus actividades comerciales puede derivar en la comisión de delitos.

Las empresas tendrán responsabilidad en la comisión de delitos por medio de quien actúe o ejerza funciones en calidad de:

• Administrador de hecho (gerentes, encargados, contadores)
•  Administrador de derecho (administradores únicos, presidentes de consejo y/o administración)
•  Representantes Legales

El Código Nacional de Procedimientos Penales formalizan la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal, la cual establece que: “Las empresas son penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización”

Esto significa que la persona jurídica será responsable cuando:

• El delito sea cometido en nombre de la empresa
• El delito beneficie a la empresa
• Se utilicen los medios de la empresa
• Hubo inobservancia o no existe una entidad de control interno

Lofton es una Firma de servicios legales integral

En Lofton somos especialistas en derecho empresarial y en asesorar a las empresas sobre todas las implicaciones jurídicas que rigen su actuar. Ya sea desde un enfoque centrado en la creación de una empresa, pasando por la fusión y expansión y hasta su defensa legal, conocemos todos los pormenores que rigen el actuar jurídico de una organización.

Nuestra asesoría siempre estará encaminada en la defensa del patrimonio de nuestros clientes y en brindar las mejores estrategias jurídicas que hagan a las compañías consolidarse y crecer. ¡Contáctanos!

1. Sociedad en nombre colectivo
2. En comandita simple
3. De responsabilidad limitada
4. Sociedad anónima
5. En comandita por acciones
6. Sociedad cooperativa
7. Por acciones simplificada

A su vez, el contrato social que decidan establecer los socios o accionistas se formaliza ante fedatario público, mediante instrumento público o escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

En esta escritura pública contiene los estatutos sociales, los cuales los cuales son las cláusulas bajo las cuales se regirá la sociedad durante sus operaciones y dentro de las que se establece, entre otras cosas, la duración y el domicilio de la sociedad, el objeto social al cual se va a dedicar la empresa.

Es muy importante definir con la mayor precisión posible el alcance del objeto social, ya que además de determinar el alcance jurídico de la sociedad, sus actividades económicas y por supuesto la legalidad de dicho objeto social.

¿Cómo cambiar el objeto social de una sociedad mercantil?

Si la sociedad mercantil ha crecido, expande operaciones o busca nuevos desarrollos de negocio en función de sus actividades, o incursionar en nuevos modelos, puede llevarse a a cabo la ampliación del objeto social, mediante la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de socios o accionistas, atendiendo a las formalidades que en el caso específico de cada sociedad establezca la Ley General de Sociedades Mercantiles y en su caso, los estatutos sociales.

Es decir, se deben modificar los estatutos sociales con el trámite previsto para dicha modificación. 

Como lo señala el artículo 269 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

“En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de organización y administración distintas a la contemplada en este Capítulo; siempre y cuando los accionistas celebren ante fedatario público la transformación de la sociedad por acciones simplificada a cualquier otro tipo de sociedad mercantil, conforme a las disposiciones de esta Ley.”

Cambio de objeto social mediante Asamblea General extraordinaria

El artículo 182 define qué elementos se pueden abordar en las asambleas extraordinarias:

Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

1. Prórroga de la duración de la sociedad
2. Disolución anticipada de la sociedad
3. Aumento o reducción del capital social
4. Cambio de objeto de la sociedad
5. Cambio de nacionalidad de la sociedad
6. Transformación de la sociedad
7. Fusión con otra sociedad
8. Emisión de acciones privilegiadas
9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce
10. Emisión de bonos
11. Cualquiera otra modificación del contrato social, y
12. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.

Para el caso de la ampliación del objeto social de una sociedad mercantil ya establecida, es necesaria la modificación de los estatutos sociales, específicamente en aquella cláusula donde haya quedado establecido el objeto de la sociedad, de acuerdo con lo que establece la fracción IV del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Fusión o transformación de sociedades

La LGSM contempla los mismos supuestos para la fusión o transformación de las sociedades mercantiles, ya que en ambas lo que se busca es una ampliación del objeto social con el fin de dedicarse a más actividades. 

Cualquier acuerdo de fusión o transformación se debe inscribir en el Registro Público de Comercio y publicarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía y las sociedades están obligadas a la publicación de su último balance, previo a la transformación. 

Tres meses después del registro, queda establecida la nueva sociedad, esto con la finalidad de brindar tiempo en caso de que alguno de los socios se oponga a la modificación o transformación de la sociedad e interponga un juicio que suspenda estos actos, hasta que se resuelvan o dicten sentencia.

La fusión o transformación tiene también efectos inmediatos al momento de su inscripción, sobre todo en el caso de deudas que la sociedad anterior tenga, debiendo pactar el pago de dicha deuda, en común acuerdo con los socios.

Soluciones Lofton

El área Jurídico Mercantil de Lofton cuenta con especialistas en constitución, modificación o disolución de sociedades mercantiles, bajo las pautas legales vigentes.

Nuestro enfoque se centra en la protección de los derechos de las sociedades mercantiles, de igual manera, en asesorar a nuestros Clientes en las mejores oportunidades que esta figura representa para hacer crecer sus organizaciones.

Si quieres aprovechar los beneficios de ley para sociedades mercantiles, acude a los expertos de Lofton, quienes te brindarán soluciones integrales que hagan crecer el patrimonio de tu compañía.

Conozca más sobre sociedades mercantiles en nuestro blog especializado:

La importancia de los libros y registros en las sociedades mercantiles

Todo sobre la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles

Por ejemplo, lo previsto en el artículo 17, fracción IV de la llamada Ley antilavado, que considera como actividad vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía, y previene la obligación de presentar un aviso ante la Secretaría, cuando el monto de la operación es igual o superior a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en Ciudad de México, esto equivale a $143,840 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos).

Ahora bien, para la interpretación y aplicación de esta ley, se deben considerar las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley antilavado. 

La UIF ha actualizado las disposiciones de la Ley Antilavado

El pasado 18 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en sistema del portal de prevención de lavado de dinero, en la sección: “Preguntas frecuentes y criterios” una actualización que se relaciona con la disposición, propiamente la referente al inciso a) de la fracción I del artículo 27 Bis, que precisa calificar como actividad vulnerable las operaciones de tesorería centralizada y/o préstamos otorgados entre compañías de un grupo empresarial; sin embargo, estarán exentas del aviso de referencia, tendiendo únicamente que presentar un informe mensual señalando tal consideración.

Así concebido, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial se entenderán como actividades vulnerables y por tanto, obligadas a cumplir con las disposiciones legales de la Ley antilavado, con la excepción de los avisos, siempre que el importe total de la operación se haya realizado por instituciones del sistema financiero y estas empresas integren un grupo en términos de la fracción X del artículo 3 de las citadas reglas.

Esta modificación tuvo como antecedente el hecho de que este tipo de operaciones (otorgamiento de préstamos, celebración de contratos de mutuo entre empresas de un mismo grupo empresarial) en los que no existiera un ofrecimiento al público en general, sino que su realización sea con motivo de la operación interna del grupo, no se considerarían como actividades vulnerables.

¿Qué elementos debo cuidar al realizar préstamos o créditos entre un grupo empresarial?

Por lo tanto, considerando esta nueva concepción de obligación, aun cuando estos criterios son de carácter orientador, debe tenerse presente:

• la obligación de registrarse en el padrón de sujetos obligados 
• el nombramiento de un responsable de cumplimiento
• presentar el informe mensual, identificar clientes y usuarios mediante documentación oficial
• tener una política de cumplimiento para la aplicación de la Ley antilavado 
• obtener la información de la existencia e identificación del beneficiario final 
• generar expedientes de cliente o usuarios, conservar toda esta información por un plazo de 5 años. 

No se omite mencionar las sanciones a las cuales pueden ser sujeto, si no se cumplen las obligaciones señaladas, la imposición de una multa que oscila de los $18,000 a $5,900,000, o bien, del 10 al 100% del valor de cada acto u operación, cuando éstas puedan cuantificarse. Por tanto, será muy importante considerar la planeación de este tipo de operaciones para determinar el momento en que surge esta obligación. 

Para evitar contingencias que afecten el patrimonio de tu empresa, derivada de sus operaciones internas y externas, asesórate con nuestro grupo de abogados corporativos, quienes te darán las herramientas necesarias para que todas tus operaciones se encuentren dentro del marco de la ley. 

De igual forma, nuestra asesoría fiscal puede orientarte en las operaciones de créditos y préstamos de tu grupo empresarial, con la finalidad de que registres correctamente estas operaciones y puedas dar materialidad en caso de que alguna autoridad lo requiera. También contamos con los medios de defensa fiscal en caso de la autoridad solicite información relacionada con actividades vulnerables. Te asesoramos para un correcto desahogo de documentación necesaria, que proteja el patrimonio de tu empresa.