Al respecto, dicho órgano jurisdiccional se pronunció en el sentido de conceder la suspensión provisional a efecto de impedir los efectos y consecuencias de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en relación con lo estipulado por el artículo 15 de dicha Ley; precepto que dispone los requisitos para gozar de la “presunción de buena fe en la adquisición y destino de bienes”.

Requisitos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio

Así, de acuerdo con la interpretación que se hace del numeral antes señalado, se tiene que la sola entrada en vigor de dicha disposición obliga al cumplimiento de tales requisitos, a saber, los siguientes:

• Constar en documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito.
• Acreditar el pago oportuno de impuestos.
• Demostrar la adquisición lícita del bien susceptible de extinción de dominio.
• En caso de posesión (no en propiedad), demostrar que la misma es de forma continua, pública y pacífica.
• La autenticidad del contrato con el que se quiera demostrar su justo título, es decir, genera convicción plena del acto jurídico y su licitud.
• Demostrar el impedimento legal para conocer que el bien afecto de extinción de dominio fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito o bien, para ocultar o mezclar bienes producto del hecho ilícito.
• Cuando se advierta que el bien fue utilizado para hechos ilícitos, demostrar haber dado aviso oportuno a la autoridad correspondiente.

En ese tenor, se está ante una norma autoaplicativa (obliga desde su entrada en vigor) y en función de esto, procede suspender los efectos y consecuencias de dicha norma hasta en tanto el Juez analice su inconstitucionalidad.

Consideraciones del Tribunal

Para efecto de lo anterior, el Tribunal Colegiado no considera que se afecte el interés social (recordemos que esto implica una excepción para que pueda ser otorgada la suspensión) pues aún no se está ante un procedimiento de extinción de dominio iniciado, ni tampoco se impide su instauración o consecución, ya que lo que pretende la cautelar otorgada, es que no se realice ninguna venta anticipada de los bienes sujetos a tal procedimiento, aunque no se observen los requisitos antes señalados.

Con lo anterior tenemos que varios particulares se han inconformado con dicha norma y más aún, han advertido que la misma afecta garantías y derechos humanos de los gobernados sobre su patrimonio; por ello, en Lofton Servicios Integrales estamos convencidos que una defensa oportuna es la mejor manera de contrarrestar los efectos que pueda llegar a tener la aplicación de esta ley. Acércate a nosotros.

Lic. Claudia Cruz

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Proceso, alcance y prevención de la extinción de dominio

El catorce de marzo de este año se sentaron las bases constitucionales para que se expidiera la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mediante una reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La modificación faculta al Ministerio Público para ejercer la acción de extinción de dominio, y que reciba auxilio de los distintos órdenes de gobierno en el cumplimiento de esa función. A toda persona que se considere afectada esta Ley, les otorga acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.

Otra de las principales novedades de esta ley es que ampliará el abanico de posibles delitos para los cuales el Ministerio Público podrá solicitar la extinción de dominio. En total se contemplan 11 distintos tipos:

• Delincuencia organizada
• Secuestro
• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos
• Delitos contra la salud
• Trata de personas
• Corrupción
• Encubrimiento
• Delitos cometidos por servidores públicos
• Robo de vehículos
• Recursos de procedencia ilícita
• Extorsión

¿Cuáles son las etapas para llegar a la extinción de dominio?

El artículo 173 de la ley contempla que el procedimiento de extinción de dominio se compondrá de dos fases: una denominada “preparatoria”, donde el Ministerio Público deberá reunir los elementos que sustenten un posible procedimiento, y en la que se deberá notificar a los posibles dueños de los bienes en cuestión. Y otra llamada “judicial”, que inicia a partir de que la solicitud se presenta formalmente al juez especializado, para que inicie el proceso.

El Ministerio Público podrá realizar un aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva, incluso cuando no se haya planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción. Ello para prevenir que los bienes puedan verse afectados.

De acuerdo con el artículo 174, el Ministerio Público deberá pedir esta medida cautelar al juez especializado. Dado que se debe priorizar que los bienes permanezcan intactos, se presumirá de inicio que es necesario conceder este recurso, a menos que haya una irregularidad notoria.

Es importante mencionar que la determinación que realice el Ministerio Público de Archivo Temporal durará 12 meses, y si durante este plazo, no hay nuevos datos de prueba la determinación podrá ser de manera definitiva y tendrá el carácter de cosa juzgada.

Establece también que los bienes pueden disponerse de forma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de la Fiscalía General de la República, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios según lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República o, en el ámbito local, la autoridad que corresponda, para que se destinen al servicio público, programas sociales u otras políticas públicas prioritarias, sin dar certidumbre sobre qué hace o no prioritaria a una política pública.

¿Qué hago para prevenirme?

Ante esta nueva realidad, la importancia de contar con un blindaje legal que permita proveer de información oportuna es de vital importancia para salvaguardar tu patrimonio. Sobre todo contar con las estrategias que te permitan acreditar la legalidad de tus bienes, por ello te damos algunos consejos que ayudarán a acreditar “la buena fe” en la adquisición o manejo de tus propiedades:

• Mostrar con los medios de prueba necesarios, la autenticidad de los bienes mediante contratos legales establecidos.
• Evidenciar con hechos o pruebas los impedimentos que pudieras tener para conocer los hechos, en caso de que un bien tuyo fuese utilizado  para actividades ilícitas.
• Si tienes conocimiento, dar aviso a las autoridades de manera inmediata.
• Estar al corriente con tus impuestos. 

En Lofton nuestros especialistas en materia Civil, Mercantil y Legal pueden brindarte la asesoría necesaria para evitar caer en alguno de los supuestos mencionados, proteger tu patrimonio y evitar arbitrariedades por parte de la autoridad. 

Lic. Jorge Luis Moreno Castillo

De tal manera que todos los colaboradores deben entender que una Política Empresarial es un parte agua para la evolución del personal activo y con ello elevar la calidad del trabajo que se le entrega al cliente.

Una vez aclarado lo anterior, es imperante que una empresa cuente con personal que de apertura a las inquietudes o comentarios de los colaboradores, encaminados a la prevención del delito, con la finalidad de contestar la siguiente pregunta; 

¿La acciones u omisiones de mi compañero constituyen un delito? 

Analizando esta pregunta, la empresa podrá encarar de manera oportuna las verdaderas contingencias que se llevan a cabo día con día y con ello erradicar las malas prácticas y destituir al personal que ocasiona dicho daño.

En una Política para prevenir el delito es menester que los colaboradores conozcan los tipos de delito que comúnmente se llevan a cabo por personal de cualquier jerarquía de la empresa; por ende, las conferencias en materia de prevención y detección del delito son fundamentales ya que se transmite al colaborador el conocimiento suficiente para actuar frente al delito.

De tal manera que contratando lo servicios de Lofton, profesionistas expertos en Derecho Penal acudirán a sus instalaciones para atacar el problema desde el interior de su empresa, de manera preventiva, es decir, mediante conferencias y capacitaciones a todo colaborador activo de su empresa, con apoyo en las leyes mexicanas, aportando el conocimiento necesario para evitar el delito, o en su caso, que hacer y qué no hacer frente a este.

Con ello su empresa estará protegida de los colaboradores que generan las malas practicas ya que derivado de las conferencias y capacitaciones cualquier colaborador ya sea staff, gerencias o direcciones sabrán que hacer cuando estén frente a dicha problemática, de tal manera que su empresa se encontrara libre de delitos patrimoniales u otro daño que pudiera generarse.

Lic. Alberto Vera Román  

Una constante dentro de las empresas mexicanas es no tener, ni saber que documentos necesitan al momento de iniciar una denuncia, por ende, dejan de asistir al Ministerio Público a iniciar el procedimiento correspondiente dejando impune el delito resentido.

Debemos de recordar que la situación actual del país es sumamente violenta y complicada, de tal manera que, al resentir la conducta delictiva debemos por obligación social acudir al Ministerio Público a denunciar y aportar todos los elementos suficientes para el esclarecimiento del hecho delictivo.

En Lofton estamos comprometidos con la Sociedad Mexicana a salvaguardar sus intereses, asesorando y dando atención personalizada desde el primer momento en que tenemos conocimiento de los hechos que les atañen a nuestros clientes.

Dentro del catálogo de delitos que se encuentran en nuestra legislación penal vigente y que son los que mas daño ocasionan a su empresa son:

• Robo.
• Abuso de Confianza.
• Fraude.
• Administración Fraudulenta.
• Daño a la Propiedad.
• Despojo.

Al contratar los servicios de Jurídico Penal en Lofton, personal de su empresa ya sea operativo, administrativo y las distintas Direcciones podrán detectar de manera inmediata cuando se esté cometiendo un ilícito y más aún, cuando posiblemente se este preparando uno, para hacerle frente a este de manera eficaz y efectiva.    

Nuestros profesionales en todo momento atenderán de manera profesional y ética cualquier situación que atente contra su patrimonio y derechos humanos, de tal manera que usted se sentirá protegido en cualquier etapa del procedimiento con la certeza de que defenderemos sus intereses buscando siempre la reparación del daño.

Lic. Alberto Vera Román