¿Qué es la razón de negocios?
El término razón de negocios es un vocablo utilizado internacionalmente dentro de las reglas anti-abuso de acuerdo con información de la OCDE, ante la observancia en la conducta de ciertos contribuyentes que llevan a cabo actos jurídicos para realizar operaciones, cuyo fin es colocarse en una posición fiscal más loable en comparación con otros que realizan la misma operación; por ello, su observancia va en función de entender la finalidad que tiene un negocio para un contribuyente.
En México, su aplicación fue reconocida de una manera práctica a través de la tesis: VIII-P-1aS-2017 emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en su revista en noviembre de 2017, de rubro: “RAZÓN DE NEGOCIOS. LA AUTORIDAD PUEDE CONSIDERAR SU AUSENCIA COMO UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA LLEVAN A DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA OPERACIÓN, CASO EN EL CUAL, LA CARGA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR SU EXSITENCIA Y REGULARIDAD DE LA OPERACIÓN, CORRE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE”.
Como es posible observar, la “razón de negocios” tiene una estrecha relación con el concepto de materialidad de las operaciones, pues a través de su lente, la autoridad puede presumir (no necesariamente entender) si alguna operación era necesaria al contribuyente, es decir, deben tener una razón genuina; sin embargo, como se verá, hay una distinción importante en su aplicación, de acuerdo con la inclusión del artículo 5-A en el Código Tributario.
Aproximaciones previstas en la Reforma Fiscal 2020 sobre razón de negocios
Sin que se defina qué debe entenderse por “razón de negocios”, a través de esta reforma nos da el referente de cuándo se aplica y cuándo no; esto en función de la de utilidad o beneficio económico cuantificable para los contribuyentes inmersos en la operación cuestionada y que, de acuerdo con la exposición de motivos, es diferente a la elusión, diferimiento o devolución.
Así, la adición del numeral 5-A dispone, bajo un lenguaje negativo, que no existe “razón de negocios” cuando el beneficio económico cuantificado al momento o en lo posterior sea menor al beneficio fiscal; no considerándose como parte de este beneficio económico.
En el caso de observar actos jurídicos que carezcan de una “razón de negocios” y que generen un beneficio fiscal, los mismos serán tratados de la siguiente manera:
- Recaracterizados a los que originalmente tendrían que haberse realizado para la obtención del beneficio económico.
- Considerarse inexistentes cuando efectivamente no se hayan realizado.
La valoración de la “razón de negocios” en el ejercicio de sus facultades de comprobación estará a cargo de la autoridad tributaria. Antes de que determine cualquiera de los puntos anteriores, tendrá que dar a conocer los resultados de la revisión, de acuerdo con cada uno de los procedimientos de auditoría previstos en ley y hasta que los plazos previstos hayan transcurrido. Esto para que el contribuyente pueda hacer valer lo que a su derecho convenga, aportando información y/o documentación tendiente a desvirtuar la valoración (presunción) de la autoridad.
Otro aspecto a considerar por la autoridad en el tema de “razón de negocios” es cuando el beneficio económico que se alcance sea a través de actos jurídicos que en proporción del efecto fiscal sean mínimos y gravosos.
Finalmente, el último párrafo del precepto en adición, establece como beneficio fiscal: la reducción, eliminación o el diferimiento temporal de una contribución por cualquiera de las siguientes figuras:
- Deducción
- Exención
- No sujeción
- Falta de reconocimiento de alguna ganancia
- No reconocimiento de algún ingreso acumulable
- Ajuste o no en la base imponible de la contribución
- Acreditamiento de contribuciones
- Recaracterización de un pago o actividad
- Cambio en el régimen fiscal, entre otros
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Consideraciones finales
- A través de esta reforma, se concibe una apreciación errónea entre los actos que pretende regular la autoridad; por una parte, la “razón de negocios” encaminada a la realización de actos apreciados de manera diferente, de ahí que la autoridad tenga la facultad de reclasificarlos, y por otra, la inexistencia de tales actos ante la falta de materialidad de los mismos; pues al respecto, la primera versa sobre un acto o actividad legal realizada por el contribuyente, cuyo discernimiento está siendo evaluado, mientras que el segundo, la inexistencia del acto (por falta de materialidad) corresponde a una simulación o acto ilegal. En ese sentido, se pretende que una ley regule como supuestos optativos actos legales e ilegales.
- La amplitud de supuestos que pueden ser interpretados como “beneficio fiscal”, pueden implicar una tendencia arbitraria, ya que además de basarse en la presunción, pueden cuestionar figuras plenamente procedentes y legales en la operación de cualquier contribuyente y cuya función va en tenor de cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la Constitución.
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