El pasado 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley Federal de Derechos.
Estos documentos serán discutidos y votados por el Congreso de la Unión, y una vez aprobados, entrarían en vigor el 1 de enero de 2026.
Si bien las iniciativas aún pueden modificarse, es fundamental que las empresas conozcan los cambios propuestos en materia fiscal, pues anticiparse a ellos podría marcar la diferencia en su planeación estratégica para el próximo 2026.
Panorama económico proyectado
Para 2026 se estima un crecimiento económico de entre un 1.8% y 2.8% real anual. La deuda pública se ubicaría en 52.3% del PIB (Producto Interno Bruto) al cierre del año, y el déficit fiscal en 4.1%.
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF)
El gobierno proyecta ingresos por 8.7 billones de pesos, de los cuales, se estima que 5.83 billones provengan de la recaudación de impuestos, lo que representaría un incremento real de 5.7% respecto a 2025.
Aunque no se contempla la creación de nuevos impuestos, sí se proponen diversos ajustes fiscales, entre los que destacan:
- Programa de regularización fiscal: continuidad al programa de regularización fiscal dirigido a personas físicas y morales. Se plantea considerar únicamente el ejercicio fiscal 2024 y que el límite de ingresos totales se incremente hasta 300 millones de pesos.
- Tasa de recargos para el pago de créditos fiscales: 1.38% mensual sobre saldos insolutos, y para el pago a plazos: 1.42% mensual para plazos de hasta 12 meses; 1.63% mensual para plazos mayores a 12 meses y hasta 24 meses; y 1.97% mensual para plazos mayores a 24 meses.
- Estímulos fiscales y exenciones: se mantendrían los estímulos fiscales aplicables en 2025, para efectos del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), así como del ISR (Impuesto Sobre la Renta). También se propone el acreditamiento del derecho especial sobre minería para contribuyentes con ingresos menores a 50 millones de pesos.
En materia de exenciones, se eximiría el pago de derecho de trámite aduanero por la importación de gas natural, en términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.
- Tasa de retención de intereses: la tasa anual de retención sobre intereses pagados por instituciones del sistema financiero, sería del 0.90% sobre el monto del capital.
- Retención de ISR e IVA en plataformas tecnológicas: Se propone retención de ISR del 4% a las personas morales que obtengan ingresos por la enajenación de bienes y prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas y similares. Si no proporcionan su RFC, se aplicaría una tasa del 20%.
En cuanto al IVA (Impuesto al Valor Agregado), aplicaría: 50% a las personas físicas cuando proporcionen su RFC (Registro Federal de Contribuyentes) y el 100% cuando no lo proporcionen; el 100% a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, y para quienes reciban depósitos en el extranjero por las operaciones realizadas en el país.
También se plantea que plataformas de streaming, transporte, entrega o apps permitan al SAT acceso directo y en tiempo real a la información de sus operaciones.
- Beneficio fiscal por repatriación de capitales: tasa del 15% de ISR sobre recursos de procedencia lícita que retornen o ingresen al país, mantenidos en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2025, siempre que los recursos sean invertidos en actividades productivas durante al menos tres años.
- Instituciones de banca múltiple: se eliminaría la deducción de tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
- Beneficios fiscales por la Copa Mundial de la FIFA 2026: Se propone liberar de cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con dicha competencia.
- Homologación del tratamiento de créditos incobrables para instituciones de crédito: Se eliminaría el tratamiento especial establecido en los párrafos tercero y cuarto de la fracción XV del artículo 27 de la LISR (Ley del Impuesto Sobre la Renta).
Iniciativa de reforma para el Código Fiscal de la Federación (CFF)
El enfoque principal es combatir la evasión y el fraude fiscal, en particular el uso de falsos comprobantes fiscales y empresas fachadas, además de actualizar las facultades de la autoridad:
- Combate a falsos comprobantes fiscales: se contemplan mayores facultades para que el SAT pueda negar la inscripción al RFC a empresas cuyos socios estén vinculados con empresas factureras. Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) tendrían que amparar operaciones existentes y verdaderas o de lo contrario se consideraran falsos.
También, se contemplaría que, durante la ejecución de facultades de comprobación, la autoridad fiscal pueda comprobar la veracidad de los CFDI. Igualmente, si los contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales falsos no revierten el efecto fiscal que les hubieran dado, la autoridad procedería a restringirles el uso de Certificado de Sello Digital (CSD).
- Plazo máximo para cancelación de CFDI: a más tardar en el mes en el que se deba presentar la declaración anual del ISR.
- Revisión o reconsideración administrativa: Se propone que las resoluciones en este procedimiento sean determinantes de créditos fiscales.
- Depuración del RFC: se propone suspender o cancelar registros inactivos que no presenten declaraciones, ni emitan o reciban CFDI.
- Restricción temporal del CSD: se incorporaría como causal de restricción cuando los contribuyentes cuenten con créditos firmes que no hubieran sido pagados en su totalidad junto con sus accesorios. En materia de hidrocarburos, se establecerían nuevos supuestos de restricción cuando se utilice información incorrecta en los comprobantes fiscales para aparentar el cumplimiento de requisitos legales.
En materia de comercio exterior, se fortalecerían las facultades de las autoridades aduaneras para restringir el uso del certificado de sello digital, cuando no se atiendan los requerimientos o se detecte en facultades de comprobación, que se actualiza la infracción relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control de inventarios.
- Fortalecimiento de las facultades de recaudación: Se permitiría el pago a plazos en materia aduanera a contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación que pretendan regularizar su situación fiscal.
- Delitos fiscales y de comercio exterior: Se incorporaría como conducta delictiva cuando no se acredite el no arribo de mercancías de comercio exterior al almacén general de depósito por caso fortuito o de fuerza mayor, y nuevos supuestos que se van a presumir como delito de contrabando, en relación con mercancías introducidas al territorio nacional bajo esquemas preferentes.
Iniciativa de reforma para la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
Con el objetivo de ampliar la base gravable y desincentivar el consumo de productos con alto impacto negativo en la salud y el ámbito social, se propone:
- Tabacos labrados y otros: aumentar la tasa del 160% a una del 200% para cigarros, puros y otros tabacos labrados. Para puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, la tasa aumentaría del 30.4% al 32%, más una cuota fiscal creciente hasta 2030.
- Bebidas saborizadas: la cuota específica por litro a bebidas saborizadas pasaría de $1.6451 a $3.0818. Igualmente, se consideraría gravar a las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos.
- Juegos con apuestas y sorteos: la tasa aplicable pasaría del 30% al 50%.
- Videojuegos violentos: Se propone gravar con una tasa del 8% la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento o extremo.
Prioritario que las empresas evalúen el impacto de estas medidas
Aunque el Paquete Económico 2026 no contempla nuevos impuestos, sí propone ajustes que cambiarían de manera significativa la carga fiscal de las empresas.
El endurecimiento en el combate a comprobantes fiscales falsos, y la restricción de CSD, son temas que requieren especial atención. No siempre se trata de evasión fiscal, muchas empresas, no tienen en orden sus procesos o documentación, y esto las hace susceptibles de revisiones, además de tener dificultades para demostrar su cumplimiento.
En Lofton continuaremos monitoreando el proceso legislativo, y nuestros especialistas están a disposición de las empresas que requieran asesoría para anticiparse y adaptarse a estos cambios.
