Datos del SAT indican que “se tienen 10 mil empresas con facturas apócrifas, con casi 9 millones de facturas falsas que representan una evasión de 354 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 del PIB”.
De ese tamaño es el boquete financiero que representa para los ingresos del gobierno el uso de empresas y facturas fantasma. Ante este tema de suma importancia para las finanzas nacionales, el 10 de septiembre de este año el Pleno del Senado de la República avaló el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aumentan penas por facturas falsas
En estas reformas y adiciones se aumenta la pena de cinco a ocho años de prisión a quien expida, compre, enajene o adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o simuladas. Resaltando que las adiciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican la defraudación fiscal con el delito de delincuencia organizada si las cantidades facturadas superan los 7, 804, 230 pesos.
Delito fiscal, cuestión de seguridad nacional
Dentro de los puntos que se aprobaron (con reservas), destacan:
- Aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión las penas por este tipo de defraudación fiscal
- Prisión preventiva oficiosa al delito de tener empresas fantasma y realizar operaciones con facturas falsas
- Cuando tres o más personas se organicen para cometer delitos como el contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada
- Equiparar los delitos fiscales con los delitos que atentan contra la seguridad nacional (terrorismo, genocidio, sabotaje)
- El pequeño contribuyente se considera con ingresos de hasta 8, 000, 000 de pesos, en caso de que se encontrara culpable tendrá una pena de sólo dos años
- Que las reformas entren en vigor el 1 de enero de 2020 y sean aplicables al ejercicio fiscal del año en curso
- Que todos los ilícitos cometidos antes de la entrada en vigor del presente Decreto continúen siendo investigados, juzgados y sentenciados por las autoridades correspondientes
En contrapunto el grupo opositor del Senado señaló que estas medidas pretenden criminalizar a los contribuyentes al equiparar el delito con delincuencia organizada y pondrá a los contribuyentes cumplidos contra la pared, ya que serán criminalizados sin distinción. Por su parte, las mayoría que votó a favor señalaron que el objetivo central de estas reformas es inhibir este delito que perjudica el potencial de recaudación del gobierno y el combate a la corrupción.
Estas iniciativas de reforma fueron aprobadas y turnadas a la Cámara de Diputados, donde seguramente habrá un acalorado debate y probables ajustes en los puntos más polémicos, como los de equiparar el delito a grado de seguridad nacional y lo relativo a las facturas falsas. A reserva del trabajo de los Diputados, las reformas aprobadas permiten ver de qué manera se pretende atacar este mal que afecta significativamente las arcas públicas ya que el gobierno tiene que aumentar los márgenes de recaudación de manera importante si quiere consolidar sus principales proyectos y esta es una apuesta clara en este sentido.
¿Qué hacer como empresa ante los cambios que se avecinan?
Obviamente la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales cobra más relevancia que antes, tanto para las personas físicas como para las morales, ya que, ante las nuevas circunstancias, un error u omisión en las declaraciones puede tener consecuencias graves, no sólo para la operatividad de las empresas si no para las personas.
Es imprescindible que las empresas revisen a conciencia la situación fiscal en la que se encuentran y cómo han sido los reportes proporcionados a las autoridades hacendarias en las distintas declaraciones. Lo aconsejable sería realizar una auditoría fiscal que permita ver el estado de información que la empresa ha reportado a las autoridades en los últimos tres o cuatro años fiscales. Esto tiene la finalidad de corroborar que la empresa cumple con las obligaciones pertinentes y sobre todo, que la información que se proporcionó a las autoridades tributarias tiene el sustento que ampara las operaciones legales de facturación y pago de impuestos.
Lofton Servicio Integrales cuenta con especialistas capacitados para ofrecer la mejor asesoría fiscal con la finalidad de obtener información veraz y oportuna del estado de su empresa en materia de impuestos. Con su análisis fiscal podrá conocer el estado de información que la empresa ha dado a las autoridades en cuestión de contabilidad y declaración de impuestos. Esto le dará la certeza de la legalidad de sus operaciones y le ayudará a prevenir y corregir posibles riesgos derivados de deficiencias en la información presentada.
